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Las reformas regulatorias, las cuales han establecido nuevos estándares internacionales, resultaron en un mayor número de requerimientos y una mayor complejidad al sistema financiero y sus reguladores. Estas reformas están impactando la efectividad y eficiencia de los mercados en jurisdicciones de bajo ingreso y de mercados emergentes1. Algunas de ellas provienen de regulaciones internacionales enfocadas en proteger el sistema financiero de uso criminal con como requerimientos para la prevención de lavado de dinero y contrarrestar el financiamiento el terrorismo (AML/CFT por sus siglas en inglés). En este sentido, el aumento en las expectativas de regulación y las sanciones correspondientes han incrementado los costos totales de conducta inapropiada de los bancos, los cuales han aumentado de aproximadamente 10 billones de euros después de la crisis en 2009 a 200 billones de euros para enero de 2014.2 En consecuencia, los bancos están actuando para evitar el riesgo de falta de cumplimiento (compliance) mediante la reducción de líneas de negocio de alto riesgo potencial, actividades con baja rentabilidad, negocios con mayores requerimientos regulatorios, y otros que puedan exponer al sector a riesgo reputacional.
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