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La verificación de la identidad es el punto de partida para la mayoría de las transacciones financieras, pero asegurarse de que una persona sea quien dice ser - y que no esté involucrada en actividades criminales - se ha convertido en un proceso complejo y costoso. Los proveedores de servicios financieros (PSF) se han percatado que pueden juntar sus recursos para cumplir con los requerimientos de debida diligencia del cliente (DDC) y así reducir los costos de cumplimiento, mejorar la gestión del riesgo de DDC y facilitar la inclusión financiera. Sin embargo, para que estos acuerdos de colaboración puedan funcionar, los proveedores de servicios financieros, reguladores y otras partes interesadas deben ser capaces de intercambiar los datos de clientes en formas que a menudo están prohibidos por una compleja red de leyes, normas y obligaciones relacionadas a la información (como son: el secreto bancario, las leyes de secreto, las leyes de protección de datos, así como las leyes contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo). Dadas las presiones ejercidas sobre los PSF, se necesita un nuevo marco de intercambio de información que establezca un equilibrio entre la necesidad de compartir datos con fines de DDC y preocupaciones en torno a los derechos individuales. Un nuevo marco, diseñado en colaboración por todos los interesados, puede alinear con sensibilidad los derechos individuales, las operaciones comerciales de los PSF y los intereses de seguridad nacional.
(Texto en inglés)
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